A finales de octubre de este año se registraban 1.367.254 casos de personas con derecho a una prestación por dependencia en España, según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Alrededor del 18% aún no habían recibido su prestación.
La dependencia se define como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, enfermedad o discapacidad, y ligadas a la falta de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesitan la atención de otra u otras personas.
Estas personas también necesitan ayudas importantes para la realización de las actividades básicas de la vida diaria o, como en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, necesitan apoyos para su autonomía personal.
En el conjunto de España, un 65% de las prestaciones las reciben las mujeres y sólo un 35%, los hombres. Además, el 72% de los beneficiarios tienen más de 65 años. Si tenemos en cuenta este dato, no es extraño pensar que algunas personas no llegan a recibir su prestación. Concretamente en el año 2018, según el XIX dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, murieron 30.400 personas en situación de dependencia sin haber recibido la prestación a la que tenían derecho, el equivalente a 83 personas al día.
¿Quién recibe estas ayudas?
En cuanto a las ayudas públicas, en Cataluña se otorgan a través de la oferta del Sistema público de servicios sociales y pueden acceder todas aquellas personas que hayan obtenido el reconocimiento oficial de la situación de dependencia en alguno de los grados establecidos. Estos grados se establecen según la necesidad de ayuda que tiene la persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria, a partir del baremo de valoración de la dependencia (BVD).
Estas ayudas están reguladas por la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, creada para asegurar una mínima protección a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, como ya hemos visto, no es suficiente.
Entre los años 2013 y 2017 murieron en Cataluña cerca de 11.200, según datos del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad. Actualmente, más de 18.400 personas están valoradas con el mayor grado de dependencia y en lista de espera. La ley de la dependencia establece que la espera para ingresar en una residencia no puede superar los seis meses. Sin embargo, sólo una de cada cinco solicitudes está dentro del plazo legal.
En otras comunidades como Asturias y Extremadura la situación no es mucho mejor. A finales de verano, se calculaba que 40 asturianos morirían al mes sin haber recibido la ayuda que se les había concedido. En Extremadura, más de 7.200 personas esperaban para recibir una valoración. La regulación de estas prestaciones es otro obstáculo que dificulta aún más que sus beneficiarios puedan recibir su ayuda. En comunidades como Extremadura ya se ha modificado para conseguir agilizar el trámite.
Seguros de dependencia privados
Así pues, los seguros privados de dependencia parecen ser la única solución ante las interminables listas de espera, ya que ofrecen una solución a los problemas que encaran las familias ante la posibilidad de tener una persona en situación de dependencia en casa.
En el caso de La Mutua de los Ingenieros, ofrecemos dos tipos de seguro en este ámbito: prestaciones por Gran Dependencia y por Dependencia Severa. La prestación por Gran Dependencia consiste en el pago de una renta mensual vitalicia en caso de que la persona asegurada quede en situación de gran dependencia, ya sea física o psíquica, y la prestación por Dependencia Severaconsiste en el abono de una renta mensual temporal con una duración de 60 mensualidades en caso de que la persona asegurada se encuentre en situación de dependencia severa.
En ambos seguros, las cuotas se calculan en función de la edad de la persona asegurada en el momento de la contratación y pueden ser suscritas por personas de entre 20 y 66 años.
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